En el Instituto Juan de Mariana hemos publicado recientemente un estudio de fiscalidad
comparada en España, donde discutimos la tesis del gobierno de que en España tenemos
un nivel de impuestos bastante bajo, en comparación con otros países de referencia. Desde
el gobierno, además, se sostiene que la baja presión fiscal que ha presentado la economía
española en 2008 y 2009 haría necesaria una subida generalizada de los impuestos, con
el fin de preservar el nivel de prestaciones sociales actual, y acercarnos en bienestar e
infraestructuras a los países europeos.
En primer lugar, se expone una argumentación alternativa a la del gobierno sobre cómo
nuestra economía ha llegado a la situación de crisis severa y déficit insostenible. Frente a la
versión del Ejecutivo, pensamos que éste sí tiene parte de responsabilidad de la situación
actual, tanto en la etapa del boom inmobiliario, como en la fase recesiva.

En segundo lugar, se ha analizado la abrupta caída de la presión fiscal en España desde 2007,
comparándola con lo que ha sucedido en otros países, donde la caída en media ha sido muy
leve. Ello se debe principalmente a una muy acusada disminución de los ingresos –no a una
bajada de los tipos impositivos-, con especial intensidad en el Impuesto de Sociedades y en
el IVA, reflejo de la coyuntura de crisis diferencial que sufre nuestro país. En concreto, el
vertiginoso aumento del desempleo y las graves dificultades de las empresas serían los dos
factores clave que explicarían la caída en la recaudación.

En este sentido, hemos identificado distintos elementos de la política gubernamental
que, tanto por omisión como por comisión, han podido contribuir a empeorar las cosas,
especialmente en materia del mercado laboral, regulatoria y de endeudamiento público.

Además, en tercer lugar, se ha tratado de aportar algo de luz acerca de los impuestos que
realmente soportan los ciudadanos españoles. A través de distintos indicadores, como la
carga fiscal sobre las pequeñas y medianas empresas –incluyendo los costes administrativos
derivados del pago de impuestos-, y sobre todo el esfuerzo fiscal (presión fiscal dividida
por la renta per cápita), hemos visto cómo la tesis del gobierno de que los españoles pagan
pocos impuestos no se sostiene. Esta conclusión es reforzada cuando se analizan de forma
desagregada las principales características de las figuras impositivas más importantes, como el
Impuesto sobre Sociedades, o el IRPF para niveles homogéneos de renta.

En definitiva, la justificación que ha utilizado el gobierno para promover futuras subidas de
impuestos no se sostiene, a la luz de las evidencias que hemos presentado en el informe.
En realidad, lo que el gobierno y simpatizantes hacen es provocar confusión al mezclar
recaudación fiscal baja (debida al elevado paro y la escasa productividad) con una inexistente
baja imposición.

Nuestro país no necesita más impuestos, sino mayor empleo, productividad, y dinamismo
empresarial. Para ello, es prioritario llevar a cabo una serie de reformas estructurales
como las siguientes: una reforma que realmente liberalice y flexibilice el mercado laboral
y ayude a crear empleo productivo; reducir la pesada carga administrativa y burocrática
que soportan empresarios y emprendedores en sus actividades generadoras de riqueza y empleo; y recortar drásticamente el gasto del sector público –que también debería ajustar sus
cuentas a las circunstancias actuales-, mediante el recorte ambicioso de programas de gasto y
subvenciones, la racionalización del conjunto de las Administraciones Públicas, y otras medidas
adicionales, con el objetivo de que el abultado déficit público no obstaculice la recuperación y
ajuste del sector privado.

Por Angel Martín