Supongamos lo siguiente. Quiere usted deshacerse de un vetusto mueble que antaño adornaba su casa. Para ello da a conocer su intención de venderlo mediante anuncios en los periódicos. Suena el teléfono y un anticuario decide comprárselo. Acuerdan los flecos del intercambio y ambos firman el contrato de compraventa.

Ahora imaginemos que tiene lugar el mismo intercambio con la sutil diferencia de que el comprador se apodera de su mueble sin remunerarle a cambio. Vaya, que le han robado y se le ha quedado cara de tonto.

En este segundo supuesto es posible que decida tomar medidas y denuncie el pillaje. No obstante, le comunican en comisaría que no puede proceder contra el ladrón puesto que la Constitución reconoce como derecho el hurto de muebles.

Muy jovial relato. Pero vayamos al fondo de la cuestión. ¿Puede considerarse algo un derecho por la mera circunstancia de que sea reconocido por un ordenamiento jurídico? Si así fuese nada impediría llamar derecho a la extorsión, a la tortura o al asesinato. Solo bastaría con inscribir el presunto derecho en las leyes correspondientes y valerse del mismo para actuar con impunidad. De hecho, esto mismo han practicado los Estados a lo largo de la historia bajo cualquier tipo de gobierno: esclavitud, apropiación y asesinato han sido considerados como derechos en nombre de innumerables excusas, desde voluntades divinas hasta el raído ‘bien común’.

Volviendo al ejemplo, ¿podemos decir que el anticuario tiene derecho a robar la pieza de mueble aunque la Constitución así lo reconozca? La respuesta es que no, sólo dispone de un privilegio. El privilegio, pues, se origina cuando se otorga a un particular o a un grupo la potestad legal de violar los derechos ajenos.

Pero, entonces, ¿qué son precisamente estos derechos? Los derechos son preceptos naturales que emanan de la humanidad del hombre y que le permiten disponer de su libertad y le obligan a respetar la de sus semejantes.

El derecho más inmediato es el de la posesión del propio cuerpo. Yo soy dueño de mi cuerpo y nadie más lo es. Los demás son propietarios de sus cuerpos respectivos. Tengo el derecho de hacer de mi cuerpo lo que considere oportuno mientras no invada la propiedad del cuerpo de los demás. Como propietario de mi cuerpo puedo utilizarlo para alcanzar los fines que estime oportunos. Para ello puedo valerme de medios que pasan a ser de mi posesión si los adquiero mediante intercambios libres o tomándolos de la naturaleza si nadie los detentaba antes. Vemos como la propiedad en sentido amplio es el único derecho de que disponen los hombres: la propiedad del cuerpo –la vida- la propiedad de dirigirlo –la libertad- y la propiedad de los medios con que uno satisface sus necesidades –propiedad de bienes en sentido estricto-.

Cualquier acto que viole el derecho a la propiedad es por definición injusto, puesto que la justicia consiste en respetar el derecho de propiedad que retienen los hombres por el hecho de existir. Así, pues, un privilegio es injusto ya que faculta a alguien para transgredir nuestro legítimo derecho a la propiedad.

Distinguir derechos de privilegios no debería ser tarea difícil. Por ejemplo, rehuir mediante la fuerza a un agresor es un derecho. Arrancar de un estafador los bienes de los que se ha ilegítimamente apoderado es un derecho. Intercambiar voluntariamente bienes y servicios es un derecho. Un derecho también es hacer añicos la propia casa o beber lejía hasta perder la conciencia… o la vida.

Por el contrario, un privilegio es, como en las cortes monárquicas, valerse del trabajo ajeno para sustentarse una ociosa vida, poseer una concesión gubernamental para fabricar o comercializar determinados productos impidiendo la entrada de la competencia. Pero también lo es percibir un salario mínimo obligatorio o cobrar un subsidio de paro. Un privilegio es poder expropiar una finca porque a alguien se le reconoce el supuesto ‘derecho’ a viajar en línea recta por autopista.

El derecho se distingue del privilegio porque basta con la omisión de la violencia para hacerlo efectivo. Si no robo, no mato o no esclavizo estoy, de facto, afirmando el derecho de propiedad de los demás. Pero si alguien quebranta mi propiedad estoy legitimado a transgredir la suya con el fin de proteger la mía que está siendo amenazada, de dar castigo al infractor y de obtener una compensación por los daños sufridos. Así, pues, la violencia en el campo del derecho se ejerce de forma secundaria y sólo para impedir y sancionar la vulneración de la propiedad.

El privilegio, por el contrario, requiere el uso activo de la violencia y, por tanto, conlleva la negación inmediata del derecho. De ahí que el Estado, monopolio de la violencia por excelencia, sea el mayor creador de privilegios. Para ejemplificarlo: conceder un supuesto ‘derecho’ a la educación equivale a negar el derecho de propiedad sobre la riqueza de aquellos obligados a financiarla. Defender el ‘derecho’ al trabajo es proclamar a los cuatro vientos que los empleadores no tienen derecho de propiedad sobre sí mismos, pues estarían obligados a contratar en contra de su voluntad a cualquier parado que reclamara la ejecución de tal falso derecho. A todos nos asiste el derecho a poner a disposición de oyentes o compradores las ideas o datos que creamos convenientes, es decir, en definitiva, el derecho a la propiedad de nuestro cuerpo para emitir sonidos con significados concretos o bien el derecho a la propiedad de un lápiz y una hoja de papel para imprimir en ella nuestros pensamientos. Pero reconocer el ‘derecho’ a la información implica negar el auténtico derecho a la propiedad de uno para callarse los asuntos que desee. Así, para garantizar el presunto ‘derecho’ a la educación, al trabajo y a la información, el Estado debe primero utilizar la violencia para robar u obligar a alguien: concede un privilegio a unos a costa del derecho de otros.

Sea en forma de artículo constitucional, de mandato divino o de precepto moral, un privilegio es siempre un privilegio e invocar a él es un acto de injusticia. El derecho es universal e inmutable, es el reconocimiento del individuo en la convivencia con los demás. Propongo una mirada rápida a cualquier carta de ‘derechos’, ¿Cuántos de ellos verdaderamente lo son?

Por Guillem Laporta

25 de octubre de 2010