España acumula una larga serie de desequilibrios de la etapa expansiva: déficit comercial, pérdida de competitividad generalizada, apalancamiento de hogares y empresas, y el sobre dimensionamiento de algunos sectores, en especial el inmobiliario, pero también el sector público. La borrachera del crédito tuvo sus efectos en la recaudación fiscal que creció de forma exponencial alimentando las fantasías de nuestros políticos que veían que había dinero para todo y para todos.
Basta señalar el aumento exponencial registrado en la recaudación del impuesto de sociedades para darse cuenta de la magnitud de la burbuja crediticia. En 1994 se recaudaron 8.267 millones por concepto de dicho impuesto comparado con los 44.823 que se recaudaron en 2007. La cifra casi se quintuplica en 13 años. Según muchas previsiones, serán menos de 20.000 millones para 2010. Como era de esperar, este aumento en los ingresos públicos ha ido acompañado de un fuerte crecimiento del gasto público, tanto en partidas de gasto social como de funcionamiento corriente. En la abundancia, son pocos los que se esfuerzan en hacer una gestión eficiente de los recursos.
En este sentido, otra de las grandes reformas pendientes es la una reforma profunda y global de nuestras administraciones públicas, para que nuestro sector público no se convierta en un lastre añadido para nuestra recuperación futura. En opinión de este analista dicha reforma tendría dos ejes principales: gastar menos y gastar mejor. Para el primero resulta esencial reducir el peso del sector público en nuestra economía. Esta reducción en el gasto exige un compromiso de disciplina presupuestaria y consolidación fiscal de todas las administraciones (estatal, autonómica, y local). Resulta esencial reducir las partidas corrientes, el tamaño de las administraciones, y reducir el número de funcionarios que se ha venido multiplicando de forma exponencial durante la etapa expansiva.
Por otro lado, no sólo se trata de gastar menos, sino se trata de gastar mejor. En este sentido, nuestras administraciones públicas tienen que perder peso, mientras mejoran su eficiencia y en orientación a resultados. En este punto resulta especialmente importante la introducción de mecanismos de mercado en las grandes partidas de gasto de nuestro Estado del Bienestar: sanidad, pensiones, educación y desempleo. Los mecanismos de mercado lejos de ir en contra de la calidad de los servicios o poner en duda la universalidad de los mismos, añadirían disciplina al gasto y mejorarían la asignación de recursos disponibles.
Aligerar las necesidades de financiación del Estado resulta esencial en el contexto actual en el que nuestras finanzas públicas y su solvencia futura están en tela de juicio en los mercados internacionales. Por añaduría, sólo devolviendo el equilibrio presupuestario a las cuentas públicas de la nación y aplicando medidas liberalizadoras a nuestra economía que podremos empezar hablar de recuperación o algo que se le parezca.
Luis Torras: http://luistorras.wordpress.com/2010/06/24/la-reforma-de-nuestro-sector-publico/
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