Las críticas respecto de lo que se describen como fenómenos presuntamente opacos e
impersonales que ocurren en los mercados abundan. Uno lamenta que ese mismo tipo de
diagnósticos no se denuncien allí donde efectivamente suceden. Días pasados nos enteramos del
acuerdo político entre las grandes fuerzas políticas de España para aprobar con alguna
modificación, que ni cabe llamar enmienda, a la ya tristemente célebre ley Sinde. Finalmente, a
principios de febrero el pleno del Senado ha dado el visto bueno a la disposición segunda de la Ley
de Economía Sostenible. Al ser consultado sobre la transparencia del procedimiento de
negociación, David Bravo afirmó: “Nos enteramos de su contenido cuando se cerró definitivamente
el acuerdo. Así de transparente ha sido”. Mayor opacidad legislativa es difícil de encontrar. Parece
que el gurú de algunos demócratas sigue siendo Otto von Bismarck conocido por su opinión sobre
embutidos y legislación: “con las leyes pasa como con las salchichas, es mejor no ver como se
hacen”.
En todo caso, y con independencia de la opacidad que haya habido durante su elaboración y
tramitación parlamentaria, lo que en verdad resulta grave es la insensatez de las evaluaciones
posteriores que ofrecen los agentes que estuvieron comprometidos en la supuesta defensa para
impulsar la entrada en vigencia de esta nueva normativa.
Por citar algunos ejemplos, el director del “Instituto Ibercrea” –nombre algo paradójico–
sostiene que la normativa “reducirá los negocios parásitos en España y dificultará el acceso a los
negocios parásitos internacionales”. Por su parte, el presidente de PROMUSICAE mucho más
crudo en lo sesgado de su valoración afirma: “Esperemos que funcione. Si no, habrá que retocarla y
seguir mejorándola. La lucha contra la piratería es un proceso dinámico y permanente y como tal
hay que abordarlo. En cualquier caso, no podemos olvidar que esta ley es sólo un primer paso y que
sólo afecta a una parte del problema. En este sentido, al ser una solución parcial (olvida el P2P) no
puede ser sin duda la solución definitiva al problema”. Opiniones de este tipo parecieran no
terminar de entender la velocidad de vértigo que envuelve al fenómeno de la tecnología
contemporáneo. Afortunadamente. Si bien la propia lógica de la regulación y del control supone,
por principio, ir a la saga de lo que intenta regular y controlar; la brecha entre “la lógica” de la
regulación y “la actividad o interacción cooperativa” que se pretende regular se ha acentuado
notablemente en los últimos años. En este contexto, una demora de seis meses para aprobar una ley
de “regulación de las descargas por Internet”, además del tiempo que implique su reglamentación y
efectiva puesta en vigor conduce irremediablemente a que esta futura normativa esté prácticamente
desfasada desde el mismo instante de su futura entrada en vigor (este ejemplo de “prueba de
concepto” ya lo pone de manifiesto).
Lo que resulta inquietante es que aquellos que defienden esta nueva regulación tienen,
previsiblemente, conocimiento de este hándicap, y sin embargo, siguen adelante. Además,
importantes referentes como Javier Alonso, Javier de la Cueva y David Bravo, entre varios otros, ya
lo han advertido en varias ocasiones. Entonces uno se pregunta, ¿y por qué siguen adelante? Si bien
las tentativas de respuestas bien podrían introducirse por el retorcido mundo de las teorías
conspirativas, para entender este escenario me parece mucho más adecuado el marco teórico de la
psicología social. Los incentivos perversos, propio de la lógica de la acción colectiva, unido a la
lógica del temor, que con notable sentido común tan bien han sabido percibir algunos actores
involucrados, creo que ofrecen un marco de comprensión y explicación mucho más adecuado para
entender esta actitud.
Frecuentemente, algunas personas prefieren responder con la pretensión de causar miedo al
miedo que están padeciendo. Sin embargo, quien se introduce en este sendero creyendo que se trata
de un juego de suma cero, en el que se pretendería causar por lo menos tanto miedo como el que se
está sufriendo, en verdad, termina envuelto en pánico. En este sentido, resulta significativo que ante
la previsible ineficacia de la futura normativa ya se esté hablando de introducir futuras “mejoras”
para lograr un mayor control de la situación. Estos nuevos aprendices de emperadores saben que se

enfrentan a una tarea casi tan imposible e irracional como la de quien pretende recoger el agua del
mar con las manos y, no obstante, se lanzan en una huída hacia adelante que no les ofrece muchas
esperanzas. El emperador Dioclesiano, que parece haber tenido un poco más de poder que el lobby
de la industria cultural (al menos, eso espero), no dudó en introducir el tristemente célebre Edictum
De Pretiis Rerum Venalium (301) por el que, luchando contra otro océano –el de la inflación–,
pretendía fijar los precios máximos de los bienes de consumo ofrecidos en el Imperio, instaurando
la pena capital para quienes no respetaran su mandato. La historia da buena cuenta del fracaso de la
tarea, ya que la magnitud de consecuencias no intentadas que generó el edictum (mercado negro,
eliminación de la producción, venta ilegal, trueque, y demás) hizo prácticamente nulo el pretendido
poder disuasorio de la pena.
En nuestro caso, no deja de ofrecer cierto consuelo observar que una de las consecuencias no
intentadas de la pretendida criminalización de los intercambios de archivos y contenidos
multimedia a través de Internet es el refuerzo de incentivos para la innovación y creación de nuevas
herramientas y software. Estas nuevas herramientas buscan facilitar y dinamizar estos intercambios,
al tiempo que refuerzan la privacidad y el derecho a la intimidad, durante el proceso de descarga o
intercambio. Los agentes con mentalidad tecnócrata y reguladora no pueden evitar, en sus intentos
de control y regulación, de alentar un marco de interacción que incentiva el desarrollo de nuevas
herramientas tecnológicas, más eficaces y de mayor dificultad para ser reguladas.
Se trata de un pequeño consuelo, en un contexto en el cual la libertad de expresión y el
derecho a la intimidad de las comunicaciones están siendo severamente amenazadas. El que no se
conforma con poco es porque no quiere…
***
En medio de este debate, una mención especial merece la heroica actitud de Álex de la
Iglesia. En estos tiempos, ver que una persona, independientemente de sus intereses e incentivos
personales, es capaz de tomar distancia de la situación, juzgar conforme a lo que en conciencia
considera verdadero y actuar en consecuencia (a pesar de los dolores y enemistades que ello pueda
implicar), resulta tan asombroso como poco común. Un ejemplo digno de imitar.

Por Mario Šilar
EBEN – European Business Ethics Network
Universidad de Navarra
Universidad de Deusto