La discusión actual suscitada en España por la polémica ley anti-tabaco,
vigente desde el pasado 2 de enero, bien puede ser interpretada como un
nuevo síntoma del delicado y complejo avance de la cosmovisión científica
moderna sobre todas las áreas de la vida social. Gabriel Zanotti, ofreciendo
una aguda reinterpretación del epistemólogo Paul Feyerabend ha advertido
de los peligros que subyacen en algunas leyes actuales, funcionales a la
cosmovisión cientificista, y que reflejan una decidida unión Ciencia-Estado. Se
trata de una unión que poco tiene que envidiar a la unión Iglesia-estado propia
de la premodernidad.

En efecto, hace algunos siglos, resultaba normal que las verdades
enseñadas y defendidas por la Iglesia fueran, en cierta medida, impuestas
a través de la autoridad civil secular-estatal. En las sociedades con fuertes
convicciones religiosas, la certeza de estar en la verdad, otorgada por la fe,
hacía que fácilmente se creyera que era oportuno imponer un determinado
modus vivendi, aunque ello supusiera la coerción y la violencia. Además, no
se debe olvidar que en el contexto cultural medieval, la Teología era “el” saber
científico por excelencia. Por tanto, nada resultaba más razonable que dejar
al saber teológico iluminar las reglas que regían la convivencia social. Con
el tiempo, las revoluciones y, fundamentalmente, con la razón, se llegó a la
conclusión de que, como señalaba uno de los grandes pensadores del siglo
XX, “la verdad no se impone sino por virtud de sí misma” siendo inútil obligar,
prohibir o imponer la verdad. La adecuada distinción entre Iglesia y Estado,
que supone nuevos desafíos –bien es sabido que el número de personas que
dicen profesar la religión en Europa occidental ha disminuido significativamente
en los últimos años– constituye una mejor comprensión en la interrelación
entre ambas esferas. Entre las cosas positivas cabe destacar un elemento que
resulta fundamental para la existencia de la libertad religiosa: los practicantes
hoy pueden profesar su fe libremente, en virtud de sus propias convicciones; no
de modo formal o por imposición o por buscar los beneficios que se seguían de
formar parte de una religión oficial.

Con las legislaciones anti-tabaco (anti-descargas, etc.), sucede algo
parecido. En efecto, se ha producido una suerte de unión Ciencia-Estado
por la que se pretende imponer algunas “verdades” respecto del bien y de
la vida humana que quedarían legitimadas por el aura de “cientificidad” que
estas conclusiones tendrían. Y todo esto sin tener en cuenta el intenso debate
epistemológico sucedido a lo largo del siglo XX en el que se da cuenta del
carácter conjetural y falible del saber empírico-científico (Popper, Kuhn,
Lakatos). Como se puede apreciar, se trata de una cambio en el contenido
de legitimación del saber científico (antes la Teología, en la actualidad las
tecnociencias empíricas) pero que conserva la misma forma mentis del
medioevo. Ciertamente, las normas morales o religiosas impuestas por el poder

secular medieval se basaban en verdades incuestionadas por la gran mayoría
de la población en aquel tiempo. Una buena prueba de ello lo constituyen las
innumerables vidas que se ofrecieron en protección de esas convicciones. En
cambio, no puede afirmarse que los argumentos de salud pública esgrimidos
por la ley anti-tabaco del Estado-científico posean una certeza absoluta y, sin
perjuicio de ello, con gran licencia, se ha optado por restringir severamente la
libertad personal y empresarial de las personas. No se trata de impedir que
las leyes se “ilustren” por el saber humano, en el que el saber científico posee
singular importancia. Por tanto, la crítica ofrecida no exige caer en la deriva
relativista posmoderna. Sin embargo, sí se debe advertir que lamentablemente
el ciudadano contemporáneo se ha acostumbrado a una unión sui generis
Ciencia-Estado que cercena cada vez más ámbitos de la libertad humana. La
táctica parece ser la del fuego lento. Casi sin que el hombre se de cuenta, la
libertad, pieza esencial de la dignidad humana, se va consumiendo poco a
poco bajo el calor de la intervención gubernamental. La ley anti-tabaco es otro
pequeño escalón en esta dirección.

La alternativa parece clara. Solo con libertad informada se respeta
la dignidad humana. En tal sentido no parece tan desacertada la anterior
estrategia de propaganda estatal en contra del cigarrillo. En este ámbito, el rol
del gobierno convencido del perjuicio a la salud que ocasiona el tabaco debería
ser la de convencer con argumentos de razonabilidad pública y que, así, “la
verdad se imponga por si mi misma”, sin normas coactivas que, como muchas
otras, acabarán perjudicando incluso a aquellos a quienes pretendían proteger.

Por Mario Šilar, 04 de enero de 2011