En la primavera de 2010, los mercados percibieron unos riesgos elevados de impago por parte de ciertos países de la zona del euro. Es la crisis de la deuda soberana europea. Ante tal coyuntura, las autoridades económicas aplicaron la vieja tradición de matar al mensajero. El ministerio de finanzas alemán prohibió en mayo las especulaciones a la baja (short-selling) de los precios de los bonos emitidos por los estados de la zona del euro e impuso limitaciones al mercado de los CDS, que sirven como seguro frente al riesgo de impago por parte de los estados prestatarios. Aunque el impacto de esta medida en el precio de los activos es habitualmente reducido, no deja de ser una solución claramente destinada a erosionar el rol de los inversores en la calibración de los precios y minimizar sus valoraciones negativas acerca de la deuda pública emitida. La SEC estadounidense aplicó medidas de cariz similar pero a 799 empresas cotizadas tras los casos de Freddie Mac y Fannie Mae, en el verano de 2008.

Otro objetivo muy común de los políticos alemanes y europeos ha sido las agencias de calificación crediticia, que supuestamente provocaron el estallido de la crisis de la deuda con la rebaja de los ratings de Grecia, España y Portugal. A partir de diciembre de 2010, se extenderán los poderes regulatorios para supervisar estas agencias y varios ministros no descartan la creación de una agencia europea. Sin embargo, cabe recordar que la decisión de las agencias de rating, lejos de considerarse infundada, vino precedida de la manipulación de las cuentas públicas griegas y de unos déficits públicos de los países meridionales cercanos al 10% que ponían en entredicho su capacidad de pago. En junio de 2010, el nuevo gobierno húngaro receló públicamente de las cuentas presentadas por el anterior equipo económico, lo que ha socavado aún más la fiabilidad de los estados con dificultades presupuestarias.

Restringir las operaciones financieras y regular las agencias crediticias implica un sesgo de información y de conocimientos que merma la capacidad de planificación racional de los inversores. Además, si estas medidas gubernamentales consiguen deprimir artificialmente la prima de riesgo, los estados de la zona del euro estarán consiguiendo financiación totalmente gratuita, a cargo de los inversores. Las consecuencias derivadas de esta intervención lastran el restablecimiento de los flujos de capital y, consecuentemente, el ritmo de la recuperación económica.

Asimismo, los mercados y las agencias privadas representan un mecanismo de control y evaluación de las políticas económicas de los gobiernos. Subyugarlos al estado es restarles parte de su función social; precisamente su información valiosa proviene de su independencia. Si censuramos el control de los medios de comunicación por parte de regímenes dictatoriales, también deberían preocuparnos los intentos aparentemente inocuos de las potencias occidentales de controlar el mercado de la deuda pública y sus agentes.

Pau Labró Vila