“Creo de todo corazón en el lema: ‘El mejor gobierno es el que tiene que gobernar menos’, y me gustaría verlo hacerse efectivo lo más rápida y sistemáticamente posible. Bien llevado, finalmente resulta en algo en lo que también creo: ‘El mejor gobierno es el que no tiene que gobernar en absoluto’. Y cuando los pueblos estén preparados para ello, ése será el tipo de gobierno que tengan. En el mejor de los casos, el gobierno no es más que una conveniencia, pero en su mayoría los gobiernos son inconvenientes y todos han resultado serlo en algún momento…”
Henry David Thoreau
Civil Disobedience –1849–
Los gobiernos actuales se revisten bajo la doctrina política de la democracia, y ésta es la voluntad de una “mayoría” sobre la totalidad de una población, estado o nación. Pese al tono de imposición que ya se intuye en la definición de democracia donde esta supuesta generalidad de la población obliga al resto a acatar sus designios, ¿podemos realmente afirmar que es la mayoría quien opina, y de ser así es justo tal sistema? No. En ninguna democracia las decisiones jamás son tomada bajo el consenso y voluntad de la mayoría de los habitantes de una nación, estado, comunidad… Todas las decisiones, desde las más importantes hasta las más banales siempre son tomadas por políticos, burócratas o tecnócratas supuestamente expertos en alguna determinada materia. ¿Realmente un grupo reducido de personas lo saben todo como para impedir la libertad individual de otras, tales como la imposición de impuestos, barreras al comercio para “proteger” a algunos sectores, restringir la llegada de inmigrantes a un país, o prohibir el consumo de ciertas sustancias? Otra vez no.
Sobre la democracia.
Primeramente la democracia no es nunca un sistema político justo ya que usa de forma continua y sistemática la coacción al individuo. Las decisiones jamás son tomadas en mayoría como comúnmente se afirma. En el caso de las elecciones, que parece ser la máxima expresión de la democrática, pocos partidos son elegidos por más del 50% de sus habitantes, lo que sin duda no es una mayoría.
Además podemos partir de base que, entre otras cosas, muchos de los habitantes de un país, ciudad… no están censados, como por ejemplo, los inmigrantes ilegales que también participan en la sociedad creando riqueza, ya sea produciendo bajo la economía sumergida, consumiendo con su dinero obtenido y por lo tanto estimulando el comercio o simplemente colaborando con sus vecinos. ¿Cómo se puede ignorar, e incluso criminalizar mediante leyes, a este monto de la sociedad que, de hecho, trabajan para la prosperidad general de un país? En el caso de España miles de inmigrantes llegan al año. Según fuentes del Eurostat en el año 2000 llegaron 330.881 personas procedentes principalmente de Ecuador, Colombia, Marruecos y Rumania con el fin de trabajar y prosperar en un país que les deniega los derechos que cualquier otro habitante autóctono tiene sin que, muchas veces realmente, se haya ganado este privilegio.
También hemos de tener en cuenta el gran desengaño de la población con los políticos hecho que se traduce en una disminución constante en acudir a las urnas. Ven al político como un corrupto, un ser ineficiente, hecho que les lleva a no votar en épocas de elección, razón por la que, por ejemplo, en Estados Unidos en las elecciones presidenciales vota poco más del 50% de la población censada con edad adulta. Lo mismo pasa en otros países de Europa donde ya se considera un éxito una participación del 60%. Un sistema en el que no confía, de forma efectiva, poco más de la mitad de la población es un síntoma muy preocupante de que algo va muy mal.
Por otra parte, ¿un gobierno elegido por poco más del 40% de una población privilegiada (censada) tiene la autoridad moral como para imponer sus designios económicos o sociales a la mayoría de las personas atropellando la libertad individual? Si la elección de la mayoría, que como hemos visto nunca lo es, decide imponer a los empresarios una cuota de producción, o precios máximos mitigando así la competencia y el sector, ¿se ha de aceptar por más democrático que supuestamente sea?, o también ¿se ha de aceptar, en el caso de España, el cierre de periódicos o partidos políticos porque según algunos perjudiquen al bien común? Lo mismo podemos aducir de otras imposiciones que atacan la libertad individual de la persona y del empresario como la obligación de ir siempre provisto de un documento de identidad, de la prohibición de vender alimentos o bebidas en ciertas franjas horarias o de la prohibición de poder ir armado para defendernos de la delincuencia común o de los mismos abusos del estado.
Las decisiones que producen la democracia no se pueden exportar a todos los terrenos, porque antes que la opinión de la mayoría está la libertad de cada uno a tomar las decisiones y acciones que mejor considere. Como argumenta Walter Williams, profesor de economía en la Universidad George Mason y académico asociado del Cato Institute:
“¿Debe el proceso democrático determinar cuánto debo aportar de mis ingresos para alimentos? ¿Para vivienda? ¿Para la educación de mi hija? […] Cuando la gente apoya la democracia no quiere decir que sea en asuntos y decisiones privadas. Y tiene mucha razón, porque si la democracia se aplicara a las áreas privadas de nuestras vidas, viviríamos bajo una tiranía.”
Creo que Williams aquí da en el clavo, y es que ninguna decisión privada ha de ser sometida a la opinión o voto de nadie más que la de uno mismo. Todo puede ser opinable y mejorable, pero cuando la decisión final de un acto recae sobre un solo individuo nadie, absolutamente nadie, por más autoridad que se auto-imponga tiene la legitimidad de prohibir o decidir sobre este individuo. Lo contrario lleva a situaciones tiránicas o con carices dictatoriales por más que se le quiera llamar democracia.
En este sentido Alexander Hamilton, uno de los padres fundares de Estados Unidos, expresó: “Si nos inclinamos demasiado hacia la democracia, caeremos pronto en una monarquía o en algún otro tipo de dictadura". Efectivamente este es el gran problema que ha sucedido actualmente, y es que incluso, se confunde democracia con libertad. Cuando el gobierno, el estado, entes reguladores… tras alguna acción irreverentemente anti–liberal aducen que se ha procedido a ella para proteger la democracia parece ser que un gran número de personas de la sociedad aceptan tal decisión por paradójica que sea. ¿Cómo se pueden cerrar periódicos y decir que es para preservar la democracia?, o lo que es lo mismo a escala económica, ¿cómo pueden órganos reguladores prohibir la libre competencia y destruir el proceso heurístico del mercado diciendo que tal fusión o bajada de precios no se puede realizar porque perjudica a la economía nacional? Todas estas decisiones no son democráticas en cuanto no son mayoritarias y arrasan la libertad individual de una persona o empresa, y es que el principal problema no es la democracia en si, sino los gobernantes y burócratas que dirigen a su antojo una nación.
Sobre los gobernantes.
J.B. Say en su popular tratado sobre economía política (“tratado sobre economía política”) dice: “El estado es un agricultor, un manufacturero, un negociante que tiene a su disposición dinero y que no está suficientemente interesado en el éxito de sus empresas…”, y yo añadiría: sus preocupaciones radican en su propia conservación, aumento de riqueza personal y búsqueda de intereses individuales realizando decisiones políticas y económicas arbitrarias usando como medio la mentira y la demagogia que no tienen más resultado que el empobrecimiento y pérdida de libertad de los ciudadanos.
No es el acto democrático, en su totalidad, lo que esclaviza al individuo sino es la acción de los políticos y burócratas los que no dejan prosperar a una nación y al individuo haciendo continuas intromisiones en la economía y vida privada.
El burócrata sólo se preocupa de él mismo y de su búsqueda de intereses. Sólo quiere prosperar en su escalafón estatal legislándolo todo, intentando acaparar toda la información mediante leyes, decretos… creando cada vez más, en algunos países, un orden socialista y corrupto muy lejos del libre capitalismo que impulsa al individuo al éxito y lo recompensa por sus méritos y no, como pretenden los gobernantes actuales, recompensar al ocioso con los recursos expropiados al trabajador, al creador de riqueza, y de paso, por supuesto, enriquecerse ellos mismos.
Este camino continuo al socialismo que siguen algunos países, sobretodo los europeos y sudamericanos, es lo que están provocando desde hace muchos años una continua disminución de la riqueza y bienestar. Precisamente esta gran burocratización y creciente intromisión del estado en la vida económica y social ha producido en Francia, por ejemplo, el abandono de muchas inversiones privadas, tanto nacionales como internacionales. Por ejemplo, en 2002 en Francia hubo una inversión negativa de las empresas en un -2.9% según cifras oficiales.
No en vano Nicolás Baverez, historiador y economista liberal, en una crítica al “continuismo burocrático” de los gobiernos socialistas y conservadores, dice: “La bancarrota de las finanzas públicas francesas no es el resultado de una ruptura del crecimiento mundial, sino la continuidad de unas políticas encerradas en el crecimiento cero, el paro de masa y un estado en situación de bancarrota”. En la misma situación está Alemania con un endeudamiento federal que pasará de los 18.900 millones previstos para el 2003 a 31.000 millones de euros, superando los límites que estableció la Unión Europea, un paro actual que ronda el 10,3% y en continuo ascenso con una previsión para el 2003 con más de cinco millones de desempleados, una desinversión en el terreno privado que parece no tener fin, obteniendo incluso crecimientos negativos en el PIB en algunos trimestres.
El gran problema de esta situación es que la democracia actual está basada en ideas socialistas, donde unos pocos llevan a término las acciones que el resto son supuestamente incapaces de decidir. Se ha perdido la referencia de libertad individual, las acciones humanas son inútiles para los gobernantes actuales, éstos creen que sus actos son más razonables y lógicos que la interacción continua de millones de personas y empresas. Pero realmente, ¿un grupo de funcionarios aislados en un edificio público saben más que millones de personas y empresas enfrentándose y resolviendo día a día sus propios problemas? La eficiencia de las empresas es máxima: ajusta los costes, obtiene beneficios y los reparte en forma de salarios, dividendos, obligaciones privadas… También se puede decir lo mismo de la eficiencia de los individuos, de las familias que gestionan sus ahorros, sus inversiones y mejoran con sus esfuerzos. Pero jamás se podrán decir tales elogios de los gobiernos, políticos y burócratas que mal gestionan el dinero, y no producen ninguna riqueza general obteniendo continuos ingresos marginales negativos, manteniendo empresas con pérdidas, apoyando con subvenciones a sectores, que si por las regencias del mercado fuese, ya habrían muerto o creado sistemas alternativos de subsistencia dando mayor valor al consumidor final.
En la otra cara de la moneda están los otros países. Nos podemos fijar, por ejemplo, en los países del Este de Europa, que ya saben muy bien de los riesgos del socialismo y han optado por un sistema de libre mercado más acorde al óptimo (me refiero a laissez–faire como óptimo). Por ejemplo, Polonia y Hungría han privatizado parcialmente los sistemas de pensiones. Rusia, en su proceso de liberalización, que ya empezó hace unos años, introdujo en 2001 un impuesto de tasa única del 13%, hecho que ayudó a incrementar en un 40% los ingresos fiscales en el mismo año, y en otro 40% en 2002 creciendo un 4,5% en 2002 y un 20% desde 2001. Estonia introdujo hace diez años también una serie de reformas liberales como un impuesto de tasa única y ha eliminado prácticamente los impuestos a las empresas, obteniendo como resultado un crecimiento del PIB del 5,4% en 2001 y 5,8% en 2002.
Aunque la libertad no se puede medir con números, ni porcentajes estas cifras si que nos muestran la diferencia entre dar capacidad de decisión a los ciudadanos de un país o sacársela. Pero no hemos de olvidar que libertad no sólo es economía, sino también la capacidad efectiva de hacer lo que uno quiera con lo que es suyo.
Conclusión.
[*] Jorge Valín. Economista seguidor de La Escuela Austriaca y Paleo-Liberalismo filosófico.
Articulista y autor de un manual sobre la Teoría de Elliot y de un Manual de Bolsa. Colaborador habitual del Instituto de Libre Empresa (ILE), Poder Limitado y Liberalismo.org entre otros.
16/05/2003
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